Injusticia vergonzante

 

Los cinco magistrados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dieron al sistema judicial mexicano un ejemplo de dignidad y repararon la injusticia vergonzante que significaba el encarcelamiento durante casi cuatro años, tras la sentencia a 21 en prisión, de las indígenas otomíes (ñhä-ñhú) Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.

Este miércoles 28 de abril de 2010 salieron de prisión, donde permanecían acusadas de haber secuestrado a 6 agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, la mal afamada AFI, la misma que montó el teatro de la detención de Florence Cassez para que el operativo pudiera ser grabado por las cámaras de Televisa.

El antecedente fue la liberación de Jacinta Francisco Marcial el pasado 16 de septiembre, encarcelada junto con Alberta y Teresa por las mismas razones que éstas.

Los de la AFI decían que las tres mujeres los habían secuestrado. Ellas afirmaban que estos llegaron el 26 de marzo de 2006 al mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde ellas tenían sus puestos, para robarles mercancía, con el pretexto de que buscaban droga y fueron rodeados por un grupo numeroso de comerciantes, entre los que ellas se encontraban, para que pagaran por los destrozos que habían hecho. Retuvieron a uno de los agentes, mientras los demás iban por dinero y al final ellas resultaron acusadas.

En México hay 110 millones de habitantes, de los cuales 15 millones son indígenas que viven marginados, inmersos en la pobreza y la ignorancia.

El caso de las indígenas ñhä-ñhú debe servir de ejemplo para que las procuradurías no fabriquen pruebas y para que algunos jueces no se ensañen con los débiles.

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